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SISS lleva adelante procesos de sanción en contra de ESSAL S.A. por vertimiento de aguas servidas en Lago Ranco.

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El jefe de la Oficina Regional en Los Ríos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Erick Loyola informó que continúan en pleno desarrollo los procesos iniciados por el organismo fiscalizador tras los episodios de vertimiento de aguas servidas ocurridas en el lago Ranco en los meses de febrero, marzo y abril de este año, y que buscan determinar y evaluar en todos sus aspectos el actuar de la empresa concesionaria ESSAL S.A. frente a estos hechos.

 

El profesional de la SISS señaló “que la investigación considera establecer la forma en cómo se produjo la emergencia y la forma en cómo lo abordó la empresa sanitaria, las medidas de mitigación y los cuidados que se tomaron para dar la información correcta y oportuna a las autoridades y a los vecinos del lago Ranco”, advirtió.

 

Indicó que la SISS dio curso a las respectivas investigaciones tan pronto ocurrieron los hechos y actualmente cumpliendo las reglas del debido proceso espera determinar las responsabilidades de la empresa sanitaria. “Lo que buscamos siempre es actuar de manera responsable dentro de un Estado de Derecho, y nuestro objetivo final es que los procedimientos de sanción se apliquen, conforme a las pruebas que obtengamos en la etapa de investigación y que incluyeron la presencia in situ de la Oficina fiscalizadora de la Región de Los Ríos”, precisó.

 

Al respecto, hizo presente, que se desarrollan dos procesos sancionatorios, en distinto estado de análisis, a raíz que sus resoluciones acusatorias son de  abril y de julio de 2016, respectivamente. “Los plazos de estos procedimientos están ajustados a lo que la ley establece y en ambos casos, la autoridad debe dictar una resolución conclusiva que se pronuncie sobre la responsabilidad en estos eventos.

 

Para la Superintendencia constituye una preocupación permanente que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir, y velar por el cumplimiento por parte de los entes fiscalizados de su obligación legal de otorgar los servicios sanitarios de conformidad a la normativa vigente, y sin que ello implique daños al medio ambiente

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