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Berger exige al ministro de justicia aclarar continuidad de Programa de Reparación Jurídica para la Infancia

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Que se aclare acerca de la continuidad del programa de “Reparación Jurídica para la Infancia”, solicitó al ministro de Justicia el diputado Bernardo Berger(RN), luego de que en el proyecto presupuestario 2018 no aparezca glosa alguna que garantice la continuidad de este programa, que sólo en la región de Los Ríos atiende a mil 100 personas y emplea más de 40 profesionales.

Berger explicó que esto ha despertado intranquilidad en Los Ríos, pues “la glosa presupuestaria propuesta, que refiere al financiamiento por el artículo 80 bis de la ley 19.968,  es un apartado que resuelve el financiamiento sobre los sobrecupos de toda la red de proyectos Sename, pero no puede entenderse como que ello resolverá la falta concreta de asignación de recursos para la continuidad. Tampoco se entregan luces si  estos niños, al menos e mi región,  serán tomados o no por otra entidad pública como por ejemplo la Corporación de Asistencia Judicial”.

Agregó que esto se complejiza porque además, “entiendo que desde este 2017 está en suspenso el convenio PRJ de Los Ríos, y cuyas razones de falta de renovación por parte del Sename, lo que es importante aclarar, de ser efectivo resulta peligrosamente imprudente a la luz de los hechos que todos conocemos en esa institución”.

Por lo anterior, el parlamentario solicitó al ministro que aclare si la razón de esta no asignación de recursos de continuidad es una omisión, obedece a un cierre programado y no comunicado, o a una desvinculación de personal no notificada a la fecha.

Al respecto el abogado Guillermo Soto, profesional participante de este programa señaló que  “el señor ministro entenderá las lógicas incertidumbres provocadas por este tema, toda vez que se están conociendo estos días una serie de recortes en otras líneas de intervención social”.

Finalmente, Berger solicitó al ministro “me indique que se aclare cómo se evalúan a los proyectos jurídicos, porque según se pudo indagar en el modelo de hoy no se consulta a los tribunales, que sería lo lógico y básico pues es ahí donde y con quien se ejecuta este programa”.

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